‘Evaluación de minusvalía en pacientes con fibromialgia, mediante la versión española de la London Handicap Scale’ trabajo realizado por el Dr. Benigno Casanueva

Benigno Casanueva, premio nacional sobre fibromialgia

Benigno Casanueva, reumatólogo cántabro y coordinador de un equipo compuesto por médicos de familia, reumatólogos y psiquiatras, ha obtenido el primer premio convocado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) y Ciencia 2009, y por la Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

Evaluación de minusvalía en pacientes con fibromialgia

Se ha querido reconocer el proyecto de investigación titulado ‘Evaluación de minusvalía en pacientes con fibromialgia, mediante la versión española de la London Handicap Scale’. En este proyecto participan además del doctor Casanueva, los reumatólogos José Luís Peña Sagredo, del Hospital Marqués de Valdecilla; Miguel Ángel González-Gay, del hospital Xeral de Lugo, y Rafael Berenguer Prieto, del hospital 9 d’Octubre, de Valencia.

Evaluación de minusvalía en pacientes con fibromialgia

Evaluación de minusvalía en pacientes con fibromialgia

Los médicos de familia Álvaro Pérez Martín, del centro de salud Los Valles, y Ricardo Sánchez Villar, del centro de salud El Zapatón, así como la Unidad de Investigación en Psiquiatría de Cantabria, con los doctores José Luís Vázquez-Barquero y Sara Herrera Castanedo.

La fibromialgia es una enfermedad caracterizada por la asociación de dolor generalizado. Es difuso, de más de tres meses de duración, junto a la presencia de dolor, durante la exploración del paciente, en al menos 11 de 18 puntos anatómicos. Los autores del proyecto consideran que la fibromialgia es una de las enfermedades ocultas del siglo XXI. Pese a su influencia en la calidad la vida. el número de españoles con fibromialgia se acerca al millón de personas, y si bien «no existe un perfil característico del paciente tipo», asegura Casanueva, quien apunta que un alto porcentaje de personas afectadas son mujeres jóvenes de entre 30 y 50 años». La media del retraso diagnóstico puede ser de hasta 12 años.

Acceso a London Handicap Scale

Vicente Javier Saiz Marco. Recomendaciones del Abogado fibromialgia Sindrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

El abogado Vicente Javier Saiz Marco da una pauta a los afectados de como actuar en caso de que la enfermedad haga imposible el poder continuar con los compromisos laborales adquiridos.  Agradecer a Vicente Javier Saiz Marco su colaboración para la información de los afectados.

Vicente Javier Saiz Marco Abogado – Socio fundador de Valero & Saiz Abogados Colegiado nº 59.795 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Colegiado nº 3798 del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares

El Abogado fibromialgia Sindrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple te muestra.

El largo camino que tenéis que recorrer todos los que padecéis estas enfermedades desde que comienza la sintomatología pasando por innumerables consultas medicas y encontrando en muchas de ellas pocas respuestas por no decir ninguna, hasta que, tras un largo peregrinar encontráis y no en todos los casos, al facultativo que os diagnostica la enfermedad, encontrando ese diagnóstico como un alivio, que solo es fugaz ya que a partir de ahí comienza la lucha contra una enfermedad desconocida, es muy similar al largo camino por el que debe transitar el abogado hasta obtener una respuesta positiva a la solicitud de reconocimiento de incapacidad ya sea en grado de absoluta, total o parcial, dejando a parte la denominada gran invalidez.

Y esta respuesta positiva es desgraciadamente muy poco habitual en relación a la cantidad de demandas que se interponen por esta causa.

El panorama en las sentencias

La obtención de una sentencia estimatoria en los pocos casos en que se consigue se produce en segunda instancia, es decir ante el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, ya que los Juzgados de primera instancia, Juzgados de lo social, no suelen entrar a valorar la complejidad de estas enfermedades y derivan la resolución final a los Tribunales Superiores de Justicia a modo de desestimación sistemática de estas demandas.

No obstante algún cambio se viene apreciando fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas en las que hay un mayor desarrollo de estas enfermedades a nivel médico, dentro del desconocimiento reconocido por los propios facultativos que estudian el desarrollo de estas patologías.

Por mi experiencia es Cataluña la comunidad donde existen facultativos que con insistencia vienen desarrollando estudios relativos a estas enfermedades y esto se traslada a los tribunales encontrando un buen número de sentencias favorables otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad y algunas incluso en primera instancia. Son precisamente estos facultativos los que vienen reconociendo la complejidad de estas enfermedades y la ausencia de tratamientos del todo efectivos al desconocerse el origen de las mismas.
Abogado fibromialgia sindrome de fatiga crónica

Cuando y como actuar ante una Incapacidad

La actividad profesional que desarrollo en este campo es fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y el panorama desde el punto de vista jurídico es bastante negativo.
Todos los que padecéis estas enfermedades ( SFC, Fibromialgia y otras asociadas como Síndrome Químico Múltiple, Síndrome seco de mucosas, Síndrome de Hipersensibilidad Múltiple, Fenómeno de Hiperalgesia y Alodinina, intolerancias alimentarias, afectación neurocognitiva, etc.. ) en un grado III a IV en el caso del SFC o experimentáis dolor en, al menos de 11 de los 18 puntos gatillo.

Reclamar una Incapacidad Permanente

En el caso de la fibromiálgia, y estos padecimientos os impiden desarrollar una actividad laboral continuada de forma que os encontráis u os habéis encontrado en situación de incapacidad temporal y bien habéis agotado el periodo de 18 meses o bien la inspección medica del INSS ha instado al médico de cabecera a proceder al alta por mejoría ( que por supuesto no existe ), no debéis renunciar a reclamar una prestación de Incapacidad Permanente.

Para ello es necesario que, antes de acudir al equipo de valoración de incapacidades de cada Dirección Provincial del INSS, recopiléis todos los informes médicos tanto de facultativos y clínicas del sistema publico de salud como privadas al objeto de que en el Informe Medico de Síntesis elaborado por el INSS se incluyan todos estos informes, esto facilitará la labor del abogado ya que cualquier otro informe deberá ser ratificado en juicio por el facultativo que lo realice.
Os agradezco el tiempo dedicado a las presentes líneas y os envío un fuerte abrazo

Vicente Javier Saiz Marco

Agradecer desde fibromialgia Noticias© la colaboración para orientar sobre unas primeras pautas de como actuar ante esta problemática.

Durante la vigencia del contrato de trabajo pueden surgir determinadas incidencias que no pueden dejar de afectarle en cuanto a las condiciones en que se desarrolla la relación laboral e, incluso, a su propia subsistencia.

En una de ellas, y quizás la que con mayor frecuencia puede afectar al contrato de trabajo, es la enfermedad de uno de los elementos personales del mismo. Nos referimos, como es lógico, a la enfermedad del trabajador.

Aquí, como no podía ser de otra manera, nos vamos a referir a la enfermedad desde el punto de vista estrictamente jurídico, cuidando de no inmiscuirnos en campos de la medicina que nos son ajenos, y que desbordarían los límites que nos hemos marcado en esta breve exposición, y que se concreta en los efectos, que la aparición de una enfermedad en el trabajador, producen en el contrato de trabajo.

Y desde un principio debemos poner de manifiesto como la “fibromialgia” es una enfermedad reumática, y aun cuando tenga causa desconocida, dado el componente personal de la dolencia debe ser valorada con cautela, y no ha de ser ignorada porque produce efectos contrastados en términos generales en el ámbito laboral de relevancia, motivando que, en ocasiones sea imposible afrontar el trabajo propio o general.

La fibromialgia no es una dolencia aislada, sino que generalmente va acompañada de un síndrome ansioso depresivo, estado que conjuntamente influye negativamente en la posibilidad de reincorporación laboral del trabajador.

Para la Seguridad Social la enfermedad de fibromialgia no presenta particularidad alguna que la diferencie del resto de las enfermedades que puede padecer un trabajador.

En definitiva, queremos indicar que la enfermedad de fibromialgia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y en cuanto a los efectos que puede producir en la capacidad laboral del trabajador, no difiere sustancialmente de cualquier otra enfermedad, y le son de aplicación los principios generales que rigen esta materia y que pasamos a examinar ahora brevemente.

Así planteada la cuestión, preciso es poner de manifiesto, como a efectos del sistema de la Seguridad Social, se distinguen tres tipos de enfermedad, que producen en la relación laboral, distintas consecuencias.

Desde este punto de vista, puede hablarse de tres grandes grupos de enfermedades: enfermedad común, enfermedad de trabajo y enfermedad profesional.

Si bien en términos generales se puede decir, que toda enfermedad, consiste en una alteración de la salud, desde el punto de vista jurídico, y más concretamente, en el campo de la Seguridad Social, es requisito común de todos los tipos que hemos anunciado, la necesidad de que ésta tenga una cierta entidad que la dote de significado jurídico, y que, consecuentemente, desde un punto de vista positivo, requiera la asistencia sanitaria, y, en su aspecto negativo, que imposibilite la prestación del trabajo, que justifica su protección.

Como dice algún autor[2], la expresión “alteración de la salud”, supone la actuación de una causa morbosa, en un organismo humano, con la consecuencia de hacer preciso un tratamiento sanitario y con la consecuencia de impedirle la actividad profesional o laboral.

A) La Ley General de la Seguridad Social[3], en su artº 117. 2, define la enfermedad común, en su aspecto negativo, diciendo que “se considera que constituye enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo, ni de enfermedades profesionales”.

B) Las que hemos denominado anteriormente “enfermedades de trabajo”, –concepto distinto, desde el punto de vista de la Seguridad Social de las enfermedades comunes–, son todas aquellas que sobrevienen al trabajador como consecuencia directa de su relación con la actividad profesional que desempeña.

Así, pues, para que una enfermedad merezca la conceptuación de enfermedad de trabajo, la enfermedad debe reunir la doble condición de existencia de un nexo causal entre la enfermedad un el trabajo que se realiza, y, desde un punto de vista negativo, que no esté incluida en el elenco de enfermedades profesionales.

Por expresa disposición de la Ley, son enfermedades de trabajo[4]:

a) Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo[5].

b) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de una lesión constitutiva de accidente de trabajo[6].

c) Las consecuencias de un accidente de trabajo que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su curación[7].

Todas estas enfermedades, que son verdaderas enfermedades de etiología común, la LGSS las considera accidentes de trabajo, con las consecuencias que de esta calificación se derivan, y que no es el caso de exponer ahora.

C) La enfermedad profesional, desde un punto de vista legal[8], es aquella “contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”

De este concepto claramente se deriva la diferencia que la separa de la enfermedad común, ya que la profesional tiene su origen en la realización de un trabajo. De las denominadas enfermedades de trabajo, la diferencia estriba en que éstas —que son accidentes de trabajo—no están incluidas en el listado a que se hace referencia en la definición legal[9].

Este listado de enfermedades profesionales, es un listado cerrado. No obstante, en el caso conocido como el del “Ardystil” o neuropatía intersticial difusa, propia del sector de la aerografía textil[10], si bien de manera provisional, hizo una interpretación abierta del sistema de lista, situando el síndrome en un apartado del Real Decreto 1995/1978, aunque no se haya precisado en concreto el agente enfermante.

Margaret Ciccolella, EdD, JD; Staci R. Stevens, MA; Christopher R. Snell, PhD; J. Mark VanNess, PhD

Consideraciones legales y científicas de la prueba de estrés del ejercicio

ABSTRACTO.

Este artículo examina las bases legales y científicas sobre las que una prueba de estrés del ejercicio puede proporcionar pruebas médicamente aceptables de incapacidad para el paciente con Síndrome de Fatiga Crónica (SFC).

prueba de estrés del ejercicio

prueba de estrés del ejercicio

Para poder cualificarse para una incapacidad laboral, el/la demandante tiene que establecer la existencia de serio deterioro médicamente determinable (DMD) que causa la incapacidad para trabajar. Se ha utilizado la simple prueba del estrés para establecer de forma objetiva si un(a) demandante puede comprometerse en un“empleo substancial retribuido” y es un determinante importante de la concesión o la denegación
de la pensión.

Una evaluación de los casos legales indica los problemas asociados con el protocolo de la prueba simple.

Estos se podrían solucionar con un protocolo “test-retest”. Los resultados de un estudio preliminar que emplean este abordaje indican que el protocolo test-retest se dirige a los problemas inherentes a la prueba simple y, por esto, proporcionan una valoración de la incapacidad por el SFC y consistente con las consideraciones, tanto médicas, como legales.

doi:10.1300/J092v14n02_06 [Las copias del artículo están disponibles por una retribución en The Haworth Document
Delivery Service: 1-800-HAWORTH. E-mail address: docdelivery@haworthpress.com Website: <http://www. HaworthPress.com> © 2007 por The Haworth Press. Todos los derechos reservados.]
PALABRAS CLAVE. Test de ejercicio en serie, deterioro funcional, diagnóstico diferencial

Margaret Ciccolella, Staci R. Stevens, Christopher R. Snell yd J. Mark VanNess están afiliados a la Universidad del Pacífico, Pacific Fatigue Laboratory, Stockton, CA.

Dirección para correspondencia: J. Mark VanNess, Universidad del Pacífico, Stockton, CA 95211
(E-mail: mvanness@pacific.edu ).
Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 14(2) 2007 Disponible online at http://jcfs.haworthpress.com
© 2007 por The Haworth Press. Todos los derechos reservados. doi:10.1300/J092v14n02_06 61
Traducido por Cathy van Riel – febrero 2.008
Al final del documento encontrará unos comentarios a este trabajo por el Dr. Ferran J. García Fructuoso, Jefe del Servicio de Reumatología, Clínica CIMA, Barcelona, España.

Acceso a el documento en pdf Consideraciones legales y científicas de la prueba de estrés del ejercicio

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EQUIPO DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES. COMO ACTUA Y PASOS PREVIOS

La declaración por parte de la administración, de la invalidez de una determinada persona, puede ser desde un acto muy simple, cuando esta se consigue a partir del informe que realizan los EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES, hasta algo muy complicado, cuando esta declaración de incapacidad es denegada por la Seguridad Social y nos vemos obligados a emprender un largo camino de reclamaciones, que pasa desde la inicial al órgano que desestima la incapacidad y puede llegar incluso a la reclamación judicial ante Tribunales Europeos.

En esta ocasión vamos a desarrollar el proceso para la declaración de invalidez, acotando el estudio a las reclamaciones administrativas y judiciales, dentro de nuestras fronteras; esto es, desde la reclamación previa a la Seguridad Social en caso de denegación de la invalidez, pasando por el inicio de los procesos judiciales ante los órganos jurisdiccionales del orden social, los recursos de suplicación ante los diversos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, donde suelen terminar los procesos , hasta llegar al recurso de casación para la unificación de la doctrina ante el Tribunal Supremo.

La solicitud de la evaluación de una posible incapacidad, puede ser, tal y como ya hemos indicado en otro lugar a petición del propio trabajador, de la Mutua Laboral o de la propia Seguridad Social.

Según el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social del año 94 y en su articulo 143, se nos dice que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar las situaciones de invalidez permanente, los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas …

A la vista de esto, el órgano reglamentariamente previsto para valorar y examinar estas situaciones de invalidez es el EQUIPO DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES, quien eleva sus propuestas al Director Provincial del INSS, quien realmente dicta las resoluciones.

La composición de estos equipos de valoración de incapacidades, es la siguiente: Un presidente que corresponde al Subdirector Provincial de incapacidades del INSS, un médico inspector, un facultativo médico, un inspector de Trabajo y un funcionario de la unidad de incapacidades de la Dirección Provincial del INSS. A estos de obligada composición se le pueden añadir un experto en rehabilitación y otro experto en seguridad e higiene en el trabajo.

La resolución de la Dirección Provincial de la Seguridad puede poner fin al proceso, cuando esta resolución reconoce las pretensiones de la persona afectada, sin embargo esto a veces no sucede, y como bien sabemos, mucho menos en los procesos donde lo que se intenta solventar es una declaración de invalidez por Fibromialgia.

En aquellos casos en que esta resolución no conceda la declaración de invalidez, estamos ante el umbral de un proceso, que casi con toda seguridad va a terminar en un procedimiento judicial. No obstante, previo a la presentación de una demanda ante la Jurisdicción Social, la ley establece la obligatoriedad de proceder a realizar una reclamación previa ante el mismo órgano que dictó la resolución, reclamación que de no ser atendida, nos abre el paso a dicha reclamación judicial; este requisito lo encontramos en el Art. 71 del Real Decreto Ley que regula el Procedimiento Laboral.

Esta reclamación de acuerdo con el citado articulo se debe realizar en el plazo de treinta días siguientes a los que se hubiera notificado el acuerdo ; debemos tener en cuenta que estamos ante un plazo de caducidad, lo cual lleva implícito la imposibilidad de presentar dicha reclamación pasado dicho plazo.

Si recibida la contestación a dicha reclamación esta sigue siendo desestimatoria, o simplemente no se produce (Silencio Administrativo), contamos con el plazo de treinta días para formular demanda ante los Juzgados de lo Social.

Según el articulo 72 de dicho RDL de Procedimiento Laboral, En el procedo no se podrán introducir variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los formulados en la reclamación previa y en la contestación a la misma. Este inocente articulo en apariencia, ha de ser tenido muy en cuenta en el momento de proceder a realizar la reclamación previa a la Seguridad Social.

Cualquier hecho sobre el que queramos basar nuestros derechos, debe ser reproducido en dicha reclamación previa si queremos posteriormente introducirlo en nuestra demanda, para que sea valorado por la administración de justicia. En materia de invalidez cuando una determinada enfermedad no ha sido recogida en el acto administrativo que deniega la prestación, no se podrá intentar la valoración de la misma en fase judicial, en el caso, tal y como he indicado de no haber sido puesta de manifiesto en la reclamación previa.

Llegados a este punto el siguiente paso que debemos proceder a formalizar es la demanda ante los Juzgados de lo Social, órganos encargados de resolver las demandas en materia de seguridad social.

Respecto al proceso judicial, el cual se resolverá según lo establecido en el RDLeg 2/1995 de 7 abril sobre procedimiento laboral, debemos poner el énfasis en dos aspectos sobre todo; el primero esta recogido en el Art. 90 de dicha norma referido a la prueba.

Este nos dice que

Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley…, lo cual pone a nuestro alcance todo el abanico de posibilidades de prueba regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma supletoria a la que estamos analizando y a la que nos deberemos remitir en todo lo no establecido en la norma laboral.

El segundo aspecto sobre la valoración de la prueba sobre el que quiero llamar la atención, es el hecho de que con carácter general se atribuye mayor credibilidad a los informes remitidos por los Equipos de Valoración de Incapacidades, que los aportados por los peritos de parte, fundamentados en lo que podríamos llamar la falsa creencia de que estos serán siempre más veraces como órgano imparcial y desinteresado en el resultado del proceso.

No obstante esto puede desvirtuarse cuando este peritaje venga realizado por centros o servicios de alta cualificación profesional o de profesionales de superior imparcialidad, prestigio y preparación a los médicos oficiales.

Después de todo este proceso,

podemos llegar al momento en que el órgano judicial correspondiente, tampoco ha considerado nuestra solicitud, dictando sentencia donde nuestras pretensiones no son recogidas.

Dicha resolución de acuerdo con el Art. 189.1.c. del RDL sobre Procedimiento Laboral, puede ser recurrida por medio del Recurso de Suplicación. La intención de interponer dicho recurso, debe ser anunciada al órgano que dicto sentencia, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

El Recurso de Suplicación lo sustancia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. No se puede presentar por cualquier motivo o simplemente por no estar de acuerdo con la resolución. Este recurso de acuerdo con el Art. 191 del RDLeg 2/1995 sobre Procedimiento Laboral, tiene por objeto:

a) Reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión.

b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas (Obsérvese que nada dice de la prueba de testigos)

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Por último haremos una breve mención al Recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina; en este buscamos comparar la sentencia que recurrimos y que ha debido ser dictada en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (Art. 216 RDLeg 2/1995), con otra de resultado contradictorio, dictada por otra Sala de otro Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo.

Los requisitos para poner en contradicción ambas sentencias son; Idéntica situación donde, en mérito a los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiera llegado a pronunciamientos distintos.

Este recurso podrá prepararlo cualquiera de las partes o el Ministerio Fiscal dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia impugnada.

Básicamente aquí termina un proceso laboral por invalidez o al menos la mayoría de ellos.

Se podría llegar a tratar otros recursos a presentar ante distintos órganos superiores; Tribunal Constitucional, Tribunales Europeos, pero que dado su carácter residual, no tiene sentido tratar aquí, como tampoco hemos tratado deliberadamente otros temas como los recursos contra los Autos de Magistrados, por el mismo carácter no fundamental en el desarrollo del proceso.

El INSS reconoce por primera vez a una fibromiálgica la incapacidad absoluta

La resolución de la Seguridad Social afirma que la afectada presenta una incapacidad «permanente absoluta para todo trabajo», a causa de su fibromialgia, y abre el camino a otros enfermos con esta patología en Canarias. Hasta ahora había que acudir a los tribunales para que el INSS concediera la incapacidad.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido por primera vez en Canarias la incapacidad absoluta a una mujer aquejada de fibromialgia, según informaron fuentes de Munguía&Melián Abogados.

La novedad de esta resolución es que es «el INSS no estaba reconociendo» la incapacidad permanente absoluta para las personas aquejadas de fibromialgia, que no tenían más remedio que recurrir a los tribunales, según explicaron desde Munguía&Melián Abogados, un bufete que ha llevado este caso B.T.R., de 40 años, estaba diagnosticada con fibromialgia desde los 33 años, lo que le impedía, según explicó ella misma, realizar su trabajo de promotora de una firma de cosméticos.

La fibromialgia está definida como un grupo de trastornos comunes reumáticos no articulares, caracterizados por dolor y rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones y tejido blando circundante, y un amplio rango de otros síntomas.

A pesar de su diagnóstico, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sólo le reconoció la incapacidad permanente total, términos que se refieren a la imposibilidad de desarrollar su trabajo habitual.

Una revisión positiva

B.T.R. tuvo que esperar dos años para pedir la revisión de su incapacidad por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS, que establecía que la afectada presentaba «trastornos de la personalidad, histriónica; síndrome de fatiga crónica y fibromialgia» y reconocía que «en la actualidad, las limitaciones que presenta la paciente son un menoscabo para actividades laborales regladas». Por este motivo, el Equipo de Valoración propuso al INSS que procedía «la revisión de su grado de incapacidad, por considerar que en la actualidad se encuentra afecto de una incapacidad permanente absoluta».

Esta consideración fue confirmada después el INSS que reconoció que B.T.R. estaba incapacitada «para todo trabajo».

Para B.T.R. es fundamental esta resolución por el camino que abre a otros afectados de fibromialgia. «Los médicos van a tener que tratar a las personas bien, no como a locas», añadió.

B.T.R. se refería así a su particular vía crucis, desde que comenzó a sentir los síntomas de su enfermedad y hasta que la diagnosticaron. «Me dijeron que estaba depresiva y que mi mente producía los dolores de mi cuerpo», recordó.

Tuvo que desplazarse a Barcelona para que un especialista le diagnosticara fibromialgia, porque el primer reumatólogo que la atendió en Canarias le insinuó que era «una vaga y que no quería trabajar», explicó.

La afectada puso una reclamación contra este doctor y actualmente es atendida por un especialista del mismo centro, del que no tiene ninguna queja.

«Tengo 18 puntos de dolor», explica, al tiempo que detalla que dejó de trabajar porque se le «dormían» las manos y que pasó «dos años en cama» y que incluso tuvieron que ingresarla por pérdida de peso.

B.T.R. achaca este rosario de complicaciones a la falta de capacidad de muchos médicos para detectar y diagnosticar la fibromialgia, lo que la hizo caer en una depresión.

Por ese motivo, afirmó que ella y sus abogados lucharon por que la resolución de incapacidad total fuera «por fibromialgia y fatiga crónica», para avanzar en el reconocimiento médico y social de esta enfermedad que padece entre el 3% y el 6% de la población mundial.

«Me parece muy injusto que te traten como loca», expuso B.T.R, que dijo que no encontró la ayuda que precisaba, en cuanto a documentación, en las asociaciones de fibromialgia.

Eldia.es de Canarias

Nota de la redacción de Fibromialgianoticias.com actualizado a 2016 ¿Crees que es la primera incapacidad por Fibromialgia? Revisa el apartado Incapacidad y verás las noticias.»Siempre son la primera incapacidad por Fibromialgia»

Sólo se han de emitir informes o certificados médicos a solicitud del paciente.

Certificados médicos

El Pleno de la Organización Médica Colegial ha aprobado una Declaración de la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado sobre “Las cualidades del certificado médico y sobre sus diferencias con los partes y los informes médicos. Peculiaridades del certificado médico de defunción” para completar la doctrina deontológica a este respecto y en la qué se establece la obligación legal y social de los médicos de certificar.

Lo primero que hay que tener presente es que el certificado es un acto médico y como tal está sometido a las exigencias deontológicas y éticas cuya finalidad es fundamentalmente asistencial y/o relacionada con un derecho o una obligación de los que se pueden derivar efectos jurídicos.

Se distingue entre Parte Médico, documento breve de una situación clínica o asistencial con la qué se informa a alguna autoridad o público en general, e Informe Clínico y Certificado Médico, documentos cuya finalidad es acreditar judicial o administrativamente, ante terceros, un estado de salud, enfermedad o proceso asistencial prestado.

La emisión de informes clínicos o certificados son una obligación legal de los médicos y un derecho de los pacientes y su emisión constituye un servicio público.

Certificados médicos

Las características del Certificado Médico son, entre otras: que se extiende siempre a petición de la parte interesada; sólo ha de entregarse al paciente; seguir criterios estrictos de exactitud, precisión terminológica y circunspección y ser expedidos en impreso oficial del Consejo General de Colegios Médicos de España; está sujeto a reglas de responsabilidad profesional la falta de exactitud o de verdad puede ser causa de responsabilidad penal y civil, con obligación de reparar el daño causado.

La expedición de estos documentos es siempre gratuita por parte del médico quien solo podrá cargar los honorarios de los reconocimientos y exámenes que haya realizado si ejerce privadamente; los médicos de asistencia de centros públicos o por cuenta de terceros nunca podrán cobrar honorarios.

Cuando la emisión del certificado o informe médico sea para las compañías de seguros, el médico tendrá siempre en cuenta el consentimiento informado y expreso del paciente y tratará de garantizar la confidencialidad de la información y remitirlos a los servicios médicos de las aseguradoras; si la revisión se realiza por encargo de la compañía de seguros, el médico debe informar, antes de actuar, al paciente del porqué de su actuación, de su informe y de las conclusiones que se entregarán a la aseguradora.

El paciente tiene derecho a ser informado con anterioridad de los resultados del reconocimiento y de las consecuencias que de esa revisión pudiesen derivarse.

El certificado médico de defunción tiene unas peculiaridades que le diferencia de los demás.

En primer lugar, es un documento médico-legal obligatorio, denominado por la Ley de Registro Civil, parte facultativo de defunción. Este certificado ha de ser extendido por el médico que asistió al paciente hasta el proceso de la muerte o aquel que esté presente en el momento del óbito. Debe hacer constar además de los datos del paciente y del médico las causas inmediata y fundamental de la muerte y la hora de la misma. En caso de muerte violenta o sospecha de criminalidad, el médico redactará un parte de defunción dirigido al Juzgado de Guardia.

La percepción de honorarios por certificar la defunción es “un abuso particularmente degradante”. La Declaración de la Comisión informa que se ha de rechazar la práctica de cobro que algunas agencias funerarias realizan por este trámite.

El informe médico es un documento mediante el cual “el médico responsable de un paciente da a conocer aspectos médicos relacionados con los transtornos que sufre éste, los métodos diagnósticos y terapéuticos aplicados, y las limitaciones funcionales que se puedan derivar”. La petición del mismo puede estar vinculada tanto a interés particular como de orden legal o público, por lo que, es obligado extremar el rigor de su contenido e evitar incluir en ellos términos ambiguos o informaciones insuficientes o excesivas que puedan confundir al destinatario.

Entre los informes médicos hay que incluir los Informes de Alta Médica, en los cuales además de incluir un breve resumen de la historia clínica, deben figurar los datos más relevantes de la actividad asistencial realizada y las recomendaciones terapéuticas.

Entre las recomendaciones finales que realiza la Declaración a los médicos se encuentra la de guardar en la historia clínica del paciente una relación y copia de los documentos que se entregan, ya que siempre que se realiza un certificado o un informe médico, el documento puede ser presentado en cualquier parte y surtir efectos distintos para los que fue solicitado.
Los certificados de defunción son gratuitos y se debe rechazar el cobro que realizan algunas agencias funerarias por los mismos
Fuente:(AZprensa.com)

El sindrome de Fátiga Crónica causa de invalidez permanente

El sindrome de Fátiga Crónica causa de invalidez permanente por el Tribunal superior de Cataluña.
Edición | fibromialgianoticias.com 5 de Enero del 2007

Después de un proceso que comenzó en el año 2001, El tribunal superior de Justicia de Cataluña ha dictado setencia a favor de Isabel M. N. por el padecimiento de la enfermedad de sindrome de fátiga crónica y el reconocimiento al derecho de ser beneficiaria de una Invalidez permanente absoluta.

La sentencia recoge que para acceder a una incapacidad absoluta permanente el beneficiario ha de haber visto mermadas sus capacidades para desarrolar sus quehaceres diarios con un mínimo de continuidad, profesionalidad y eficacia precisandose en la setencia que no existe profesión en el mercado laboral que no se requiera un mínimo de estas tres caracteristicas, necesarias en cualquier oficio por más básico que sea.

mayo del 2005 fué denegada la incapacidad

En mayo del 2005 fué denegada la incapacidad por el juzgado de lo social Nº 3 de Girona en el que se presentaba la causa por fibromialgia, trastorno depresivo-ansioso y radiculopatía. En septiembre del 2005 la dirección provincial del INSS de Girona reconoció a Isabel que padecia fibromialgia reumática, síndrome depresivo-ansioso y síndrome de fatiga crónica, pero no fue aceptada la invalidez permanente absoluta por considerar que estas dolencias no causaban un grado necesario para acceder a dicha prestación.

Un nuevo proceso iniciado en Abril del 2005 presentando como causa mayor el padecimiento de sindrome de fatiga crónica siendo reconocida la invalidez por el Juzgado de lo social Nº 1 de Girona y ratificada a hora por el tribunal Superior de Justicia, reconociendose a percibir el 100% de la base reguladora con efectos retroactivos desde julio de 2005.

Antonio Díaz Tarragó , abogado del Bufet Jurídic Díaz-Tarragó Advocats & Associats ha sido quien ha llevado adelante este proceso y señala la necesidad de revisar el catálogo de enfemedades ya que nuevas dolencias no reflejadas están a día de hoy totalmente desde el punto de vista médico reconocidas y justificadas.

A continuación tienes un articulo en el que podrás conocerque tratamiento se dá a la Fibromialgia como enfermedad en la Seguridad Social.

Fibromialgia enfermedad desde el punto de vista jurídico

Durante la vigencia del contrato de trabajo pueden surgir determinadas incidencias que no pueden dejar de afectarle en cuanto a las condiciones en que se desarrolla la relación laboral e, incluso, a su propia subsistencia.

En una de ellas, y quizás la que con mayor frecuencia puede afectar al contrato de trabajo, es la enfermedad de uno de los elementos personales del mismo. Nos referimos, como es lógico, a la enfermedad del trabajador.

Aquí, como no podía ser de otra manera, nos vamos a referir a la enfermedad desde el punto de vista estrictamente jurídico, cuidando de no inmiscuirnos en campos de la medicina que nos son ajenos, y que desbordarían los límites que nos hemos marcado en esta breve exposición, y que se concreta en los efectos, que la aparición de una enfermedad en el trabajador, producen en el contrato de trabajo.

Fibromialgia, enfermeda reumática, causa desconocida

Y desde un principio debemos poner de manifiesto como la “fibromialgia” es una enfermedad reumática, y aun cuando tenga causa desconocida, dado el componente personal de la dolencia debe ser valorada con cautela, y no ha de ser ignorada porque produce efectos contrastados en términos generales en el ámbito laboral de relevancia, motivando que, en ocasiones sea imposible afrontar el trabajo propio o general.

La fibromialgia no es una dolencia aislada, sino que generalmente va acompañada de un síndrome ansioso depresivo, estado que conjuntamente influye negativamente en la posibilidad de reincorporación laboral del trabajador.

Para la Seguridad Social la enfermedad de fibromialgia no presenta particularidad alguna que la diferencie del resto de las enfermedades que puede padecer un trabajador.

En definitiva, queremos indicar que la enfermedad de fibromialgia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y en cuanto a los efectos que puede producir en la capacidad laboral del trabajador, no difiere sustancialmente de cualquier otra enfermedad, y le son de aplicación los principios generales que rigen esta materia y que pasamos a examinar ahora brevemente.

Tipos de enfermedades en la seguridad social

Así planteada la cuestión, preciso es poner de manifiesto, como a efectos del sistema de la Seguridad Social, se distinguen tres tipos de enfermedad, que producen en la relación laboral, distintas consecuencias.

Desde este punto de vista, puede hablarse de tres grandes grupos de enfermedades: enfermedad común, enfermedad de trabajo y enfermedad profesional.

Si bien en términos generales se puede decir, que toda enfermedad, consiste en una alteración de la salud, desde el punto de vista jurídico, y más concretamente, en el campo de la Seguridad Social, es requisito común de todos los tipos que hemos anunciado, la necesidad de que ésta tenga una cierta entidad que la dote de significado jurídico, y que, consecuentemente, desde un punto de vista positivo, requiera la asistencia sanitaria, y, en su aspecto negativo, que imposibilite la prestación del trabajo, que justifica su protección.

Como dice algún autor[2], la expresión “alteración de la salud”, supone la actuación de una causa morbosa, en un organismo humano, con la consecuencia de hacer preciso un tratamiento sanitario y con la consecuencia de impedirle la actividad profesional o laboral.

A) La Ley General de la Seguridad Social[3], en su artº 117. 2, define la enfermedad común, en su aspecto negativo, diciendo que “se considera que constituye enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo, ni de enfermedades profesionales”.

B) Las que hemos denominado anteriormente “enfermedades de trabajo”, –concepto distinto, desde el punto de vista de la Seguridad Social de las enfermedades comunes–, son todas aquellas que sobrevienen al trabajador como consecuencia directa de su relación con la actividad profesional que desempeña.

Así, pues, para que una enfermedad merezca la conceptuación de enfermedad de trabajo, la enfermedad debe reunir la doble condición de existencia de un nexo causal entre la enfermedad un el trabajo que se realiza, y, desde un punto de vista negativo, que no esté incluida en el elenco de enfermedades profesionales.

Fibromialgia como enfermedad en la seguridad social

Enfermedades de trabajo

Por expresa disposición de la Ley, son enfermedades de trabajo[4]:

a) Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo[5].

b) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de una lesión constitutiva de accidente de trabajo[6].

c) Las consecuencias de un accidente de trabajo que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su curación[7].

Todas estas enfermedades, que son verdaderas enfermedades de etiología común, la LGSS las considera accidentes de trabajo, con las consecuencias que de esta calificación se derivan, y que no es el caso de exponer ahora.

C) La enfermedad profesional, desde un punto de vista legal[8], es aquella “contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”

De este concepto claramente se deriva la diferencia que la separa de la enfermedad común, ya que la profesional tiene su origen en la realización de un trabajo. De las denominadas enfermedades de trabajo, la diferencia estriba en que éstas —que son accidentes de trabajo—no están incluidas en el listado a que se hace referencia en la definición legal[9].

Este listado de enfermedades profesionales, es un listado cerrado. No obstante, en el caso conocido como el del “Ardystil” o neuropatía intersticial difusa, propia del sector de la aerografía textil[10], si bien de manera provisional, hizo una interpretación abierta del sistema de lista, situando el síndrome en un apartado del Real Decreto 1995/1978, aunque no se haya precisado en concreto el agente enfermante.

El TSJPV declara la incapacidad total para una limpiadora que sufre fibromialgia

condena a la seguridad social a pagarle una pensión vitalicia de 480 euros mensuales

Incapacidad Fibromialgia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado la incapacidad total permanente para ejercer su trabajo habitual a una empleada de la limpieza, de 51 años, que sufre fibromialgia.

La sentencia condena a la Seguridad Social a abonar a la trabajadora una pensión vitalicia del 55% de su base reguladora de 873 euros mensuales, lo que supondrían 14 pagas anuales de 480 euros, además de «las mejoras, incrementos y revalorizaciones que procedan».

La resolución judicial estima el recurso de suplicación de la empleada de la limpieza frente a la Seguridad Social y revoca la sentencia de octubre de 2005 del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao que falló en contra de la demandante.

Incapacidad fibromialgia

Incapacidad fibromialgia

síndrome depresivo

El TSJPV considera probado que la trabajadora sufre fibromialgia con contracturas musculares e hiperalgesias generalizadas con limitación de la movilidad cervical y dorsolumbar de al menos un tercio. Además, indica que, aunque no ha habido afectación neurológica, se le ha sometido a tratamiento en la unidad del dolor, sin mejoría de síntomas, aún con mínima actividad física. La mujer también padece síndrome ansioso-depresivo reactivo a factores estresantes, entre ellos, familiares.

«Las dolencias de la demandante, consistentes en la fibromialgia con dolor y limitación de la movilidad vertebral en al menos un tercio, van a impedirle la realización de esas tareas, dado que precisa una actividad física continuada, aunque sea moderada, que va a causarle un sacrificio excesivo, con dolor en los puntos gatillo y contracturas musculares e hiperalgesias generalizadas, sin mejoría del dolor pese al tratamiento específico en la unidad del dolor», señala.

Además, recuerda que el dolor que siente la empleada «se produce incluso con la mínima actividad física». Por ello, declara la incapacidad permanente total para desarrollar su profesión habitual.

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